La seguridad pública está íntimamente relacionada con la obligación de los estados de salvaguardar la integridad de las personas y sus derechos humanos frente a riesgos multica úsales (Rojas Aravena & Soto, 2012: 445). De manera internacional existen varias métricas para comparar la situación de seguridad pública de los países, el Índice de Paz Global que publica el Institute for Economics and Peace analiza los niveles de paz y ausencia de violencia de más de 160 países en el mundo, siendo África, Medio Oriente y América Latina y el Caribe las regiones con los más grandes retos en materia de seguridad pública (Expansión, 2020). De manera Regional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explica que América Latina y el Caribe (ALC) como región ha sido impactada como ninguna otra por la violencia criminal (violencia crónica). Por muchos años ha ostentado las tasas más altas de delitos violentos a nivel global, como los homicidios y la violencia basada en género, generando un problema de gobernabilidad en toda la región (PNUD, 2020), siendo México uno de los países más afectados en la materia. De acuerdo con el Índice de Paz Global, México es uno de los países más violentos del mundo ubicado en el puesto número 137 de los 160 países analizados. Las estrategias para disminuir los índices de violencia y criminalidad han variado a través de los años, así como los gobiernos y las instituciones, sin lograr resultados favorables para el país en las últimas dos décadas. Sin embargo, la violencia y criminalidad no se comporta de manera homogénea en el país