En un estado como Guerrero donde la impunidad y la desaparición de víctimas ha sido duramente cuestionada, tal como ocurrió en Ayotzinapa con los 43 estudiantes (Márquez, 2015), debemos orientar nuestro esfuerzo para consolidar una sociedad más democrática y en favor de las poblaciones más vulnerables como es el caso de los desplazados por violencia. Se sabe que estas personas, quienes han sido despojados de sus territorios por las células del crimen organizado, viven en condiciones deplorables y de abandono en muchas partes del estado como es el caso del municipio de Ayutla. La pandemia hizo notar que la mayoría de las personas que se encuentran en la línea de la pobreza en Guerrero no cuentan con seguro de salud, trabajo asalariado, al contrario, viven en el desasosiego y la persecución continúa de las organizaciones criminales. Debido a esto, muchos de ellos han tenido que migrar ¿gota a gota¿ o de uno en uno hacia otros estados o incluso a otro país (Hernández, 2019).