El 27 de octubre de 2012 el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, envió al Congreso del Estado una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución local, cumpliendo así una promesa de campaña394 y cumpliendo, también, con una tradición mexicana según la cual han sido los titulares del Ejecutivo federal y estatales quienes impulsan los cambios constitucionales (Carbonell, 2009: 114)395. La iniciativa, tras ser conocida por el pleno de la Cámara el 6 de noviembre, fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos. Tras los subsiguientes cambios y debates, el pleno del Congreso la aprobó por unanimidad de los miembros presentes. Tal y como establecen los mecanismos de reforma, el texto pasó después a discusión en los municipios y finalmente, el 24 de abril de 2014, el Congreso aprobó el decreto 243 que recoge las reformas, al tener constancia de su ratificación por 45 municipios, 4 más de lo exigido por la norma. Dicha ratificación por parte de los ayuntamientos se llevó a cabo de modo muy fluido y sin apenas objeciones. La excepción vino de parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuyo comité estatal emitió un comunicado en el que instaba a los Cabildos municipales a rechazar el proyecto pues argüía que, entre otras desgracias, el nuevo texto degradaba los derechos humanos como ¿al trabajo, la salud, al agua, a la alimentación¿ a la categoría de ¿derechos sociales, económicos y culturales¿.