A principios del siglo XXI, la mayoría de los gobiernos democráticos enfrentan adversidades complejas. La limitada capacidad de resolución de problemas, la poca o nula transparencia y el bajo nivel de cooperación con la ciudadanía en el diseño de políticas públicas empezaron a crear una crisis económica, social y política, lo cual provoca descontento popular que desemboca en manifestaciones y movilizaciones violentas por parte de la población. En ese sentido, el tema de la corrupción ha sido estudiado y analizado con prioridad por diversos sectores de la sociedad, desde el sector gubernamental hasta el sector académico, debido a los efectos directos que este tiene sobre los asuntos públicos y a la vez en los aspectos sociales. Es evidente que la corrupción ha causado diversos problemas, como una cultura de corrupción, una ineficiente administración pública, mala planeación de los programas sociales, servicios básicos deficientes, etc (Estévez, 2005). En relación con lo anterior, y de acuerdo con el índice de corrupción de transparencia internacional (2020), la puntuación promedio de corrupción a nivel global es de 43 sobre 100, donde el 100 corresponde a inexistente corrupción y corrupción elevada. Asimismo, 2/3 de los 180 países evaluados, no sobre pasan la puntuación de 50. En Europa occidental y la Unión Europea tienen una puntuación de 66, mientras que en el caso de América se presenta una puntuación de 43.