La reforma hecha a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de Guatemala, llevada a cabo en el 2016, incluyó un artículo peculiar según el cual, tras cada proceso electoral, habría de convocarse a una Comisión de Actualización y Modernización Electoral ( CAME) para evaluar el accionar de la norma en las elecciones antecedentes y, en su caso, proponer reformas. Dicha comisión es de libre acceso y en su primera convocatoria (diciembre del 2019) registró más de mil propuestas, procedentes de 77 instituciones, entre partidos, grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, universidades. Este trabajo analiza las reformas presentadas (una parte de ellas), por dos razones: evaluar su pertinencia respecto de los objetivos propuestos y revelar las preocupaciones electorales de una parte de la sociedad guatemalteca, desde grupos indígenas hasta organizaciones empresariales.