Con la aplicación de la reforma de 2014 pareciera que en las inmediatas elecciones celebradas en 2015, 2016 y 2018 se mantuvieron los estándares de efectividad en las funciones de los órganos electorales. En ese sentido, las elecciones locales resultaron en la alternancia de ocho gubernaturas estatales y en un amplio número de ayuntamientos; por supuesto, con la elección nacional de 2018 se renovaron sin mayores incidentes los espacios de representación y se integró un nuevo Gobierno. Se trató de la persistencia de la competitividad electoral y calidad en los procesos. Sin embargo, existen puntos de reflexión que cuestionan algunos de los elementos de la reforma, ciertos aspectos que se han palpado en la práctica durante el desarrollo de los procesos electorales. Pareciera, entonces, que de las reformas previas ha resultado un modelo de fiscalización con grandes y amplias fragilidades. Por ejemplo, durante las elecciones de 2016, el INE evidenció que "un 52% de los 3 mil 385 candidatos" no habían entregado el reporte de gastos de precampaña y campaña que establece la legislación.