El derecho de acceso a la información pública es un pilar fundamental de las sociedades democráticas y transparentes. A nivel internacional, este derecho ha sido reconocido y promovido por diversas organizaciones y tratados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en su Artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, de 1969, refuerza este derecho en su Artículo 13, subrayando la importancia del acceso a la información para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Además, la UNESCO y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) han trabajado incansablemente para promover políticas de transparencia y acceso a la información en todo el mundo, fomentando la adopción de leyes y prácticas que faciliten este derecho. En México, el derecho de acceso a la información pública está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma al Artículo 6 de la Constitución en 2007 fortaleció este derecho al establecer la obligación del Estado de garantizar el acceso a la información pública. Posteriormente, en 2015, se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en todo el territorio nacional.