El índice hacia una justicia electoral plantea que no sólo se encarga de la resolución de conflictos electorales o de velar por la legalidad de una elección, sino que es la pieza central para garantizar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía. Es decir, la justicia electoral trasciende los aspectos de la competencia democrática y se establece como parte fundamental de la vida en sociedades. Por esa razón, la justicia electoral se considera completa y efectiva cuando cumple con las siguientes características: los procedimientos de resolución de conflictos electorales deben ser accesible en términos de tiempo, distancia y costo, para que los ciudadanos, candidatos, partidos políticos y agrupaciones políticas puedan plantear sus impugnaciones, sin distinción. En este sentido, la justicia electoral no es un tema de partidos o de instituciones, sino un derecho al alcance de todas y todos los ciudadanos.