En México, la prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de debate y controversia en el ámbito jurídico y social. Este tipo de medida cautelar, establecida en el marco legal mexicano, implica la detención automática de un individuo acusado de ciertos delitos graves, sin necesidad de que existan pruebas concretas de su participación en el delito o riesgo de fuga. La implementación de la prisión preventiva se ha justificado como una medida para combatir la impunidad y garantizar la seguridad pública, sin embargo, ha generado debate en cuanto a su imposición y efectividad, así como en el perjuicio a los derechos humanos; lo anterior trae consigo incongruencia a los los siguientes principios: principio de presunción de inocencia, debido proceso y derecho a la libertad.