Las políticas públicas en América Latina han sido instrumentos para configurar los procesos educativos, fracturando las relaciones con grupos vulnerables como son las comunidades indígenas e imponen el conocimiento y prácticas occidentales alejadas del territorio que ha tenido un impacto profundo en los sectores que históricamente ha sido vulnerado y violentados, como son las poblaciones indígenas. En el caso de México, la educación ha reflejado a un modelo depredador que margina, discrimina, excluye y violenta sistemáticamente a la mayoría de sus habitantes.