A partir del año 2006 Chile se ha visto conmocionado en su tradicional orden social como consecuencia de movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad civil, quienes a través de la protesta social (pacífica y violenta) exigían al Estado soluciones inmediatas a sus demandas y necesidades. Estas protestas ciudadanas fueron reprimidas y criminalizadas por los gobiernos democráticos, los cuales buscaban restaurar el orden institucional. Estas acciones para encausar nuevamente la discusión de los problemas socio-políticos a la arena política institucional pueden entenderse como estrategias represivas, en la medida en que buscan eliminar a los actores/movimientos sociales de una discusión que ha sido monopolizada por los actores políticos tradicionales durante los últimos 25 años. A partir de lo anterior y dado lo reciente del actual régimen democrático en Chile surgen interrogantes en torno a los orígenes de estas estrategias represivas de resolución de conflictos, principalmente respecto a si éstas constituyen prácticas heredadas de la dictadura militar de Augusto Pinochet o de una tradición republicana del Estado chileno.